El Conalep se blinda contra desastres naturales con un seguro millonario, pero ¿y la protección para los estudiantes y personal?
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) ha decidido protegerse contra huracanes, terremotos e inundaciones con un seguro que puede llegar a los 2 mil millones de pesos. Este seguro, contratado con Seguros Inbursa S.A. Grupo Financiero Inbursa, cubre no solo las instalaciones del Conalep, sino también el equipo y material dentro de ellas, como servidores, equipos de video, fotografía, sonido, proyectores, plantas de energía portátiles, USB, iPads, discos externos, entre otros. La institución pagó 42 millones 688 mil 929 pesos por este servicio, lo que plantea la pregunta de si este gasto es justificable en un país donde la educación pública enfrenta constantes desafíos de financiamiento.
El seguro cubre una amplia gama de riesgos, incluyendo sismos en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Colima y Jalisco, así como fenómenos hidrometeorológicos en la Península de Yucatán, Pacífico Sur y el Golfo de México. También se extiende a los planteles ubicados en la Ciudad de México, lo que es particularmente relevante dado que en septiembre de 2025, la ciudad registró las lluvias más intensas en 34 años, dejando miles de viviendas afectadas en diversas demarcaciones. Sin embargo, lo que llama la atención es que, aunque el seguro cubre los bienes y equipo, no se menciona explícitamente la protección o atención específica para los estudiantes y el personal en caso de desastres. ¿Está el Conalep priorizando la infraestructura sobre las personas?
La protección del Conalep: ¿una medida de precaución o un lujo en tiempos de escasez?
La decisión del Conalep de invertir en un seguro contra desastres naturales plantea una serie de preguntas críticas. Por un lado, es comprensible que la institución busque proteger sus activos y asegurar la continuidad de sus operaciones. Sin embargo, en un contexto donde la educación pública en México enfrenta desafíos significativos de financiamiento y recursos, este gasto puede parecer excesivo. ¿Qué sucede con los estudiantes y el personal que podrían verse afectados por estos desastres? ¿Existen planes concretos para su protección y atención? La sociedad mexicana merece una explicación clara sobre cómo se priorizan los gastos en educación y cómo se garantiza la seguridad y el bienestar de quienes más importan: los estudiantes y los educadores. Es hora de cuestionar si este seguro es una medida de precaución necesaria o un lujo que la educación pública en México no puede darse.
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