¿Impunidad o justicia selectiva? El caso de Maru Campos y el silencio cómodo del poder
La negativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum a reconocer la persecución política contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no solo levanta suspicacias sobre la autonomía de los estados en México, sino que también pone en relieve la compleja red de intereses y alianzas políticas que parecen influir en la toma de decisiones a nivel federal. En un país donde la división entre poderes y la independencia de las instituciones son constantemente cuestionadas, la postura de Sheinbaum puede ser vista como un reflejo de la debilidad institucional y la falta de transparencia en la aplicación de la justicia.
La afirmación de la Presidenta sobre la prohibición de operativos en campo con elementos de Estados Unidos, y la necesidad de que estos informen al Gobierno federal, aunque es técnicamente correcta, no aborda el corazón del asunto: la percepción de que la justicia en México se aplica de manera selectiva, especialmente cuando se trata de figuras políticas. La cita de Maru Campos por la Fiscalía de la Ciudad de México, en el contexto de una denuncia presentada por el exgobernador Javier Corral, plantea interrogantes sobre la motivación detrás de esta acción legal. ¿Se trata de un genuino esfuerzo por esclarecer presuntos delitos, o es una maniobra política para debilitar a una opositora? La respuesta a esta pregunta requiere un examen más profundo de los hechos y de las relaciones de poder involucradas.
La sombra de la impunidad y la justicia selectiva
La situación de Maru Campos y la posición de Claudia Sheinbaum sobre el asunto ponen de relieve una cuestión más amplia y preocupante: la tendencia a utilizar el sistema legal como herramienta de control político. En un entorno donde la confianza en las instituciones es baja y la percepción de impunidad entre los líderes políticos es alta, la falta de transparencia y la aparente selectividad en la aplicación de la justicia pueden erosionar aún más la fe del público en el sistema. Es crucial que, como sociedad, exijamos mayor claridad y coherencia en la aplicación de la ley, y que los líderes políticos sean heldos accountable por sus acciones, sin importar su filiación partidista o su posición de poder. La lucha contra la impunidad y la promoción de una justicia verdaderamente imparcial son esenciales para el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho en México.
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